El basural La Cañamera, ubicado en el límite sur oeste de la Comuna de Puente Alto, formó parte de uno de los siete lugares para la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios con el que contaban el Área Metropolitana de Santiago, en el se disponían los desechos de más de 5 comunas de la zona sur, correspondiente a una población de más de 900 mil habitantes. Su explotación se inicia el año 1962, siendo clausurado de manera definitiva en 1978, sin embargo hasta la década del 90 fue utilizado como vertedero ilegal.
En 1996 se encomendó a la Universidad Católica de Valparaíso la elaboración de un estudio, el cual estaría destinado a servir de antecedente base para la ejecución del proyecto de recuperación del ex-basural La Cañamera. Este proyecto se enmarcó dentro del programa de Forestación Urbana que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo llevo adelante con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. El documento, elaborado reveló que se tomaron 16 mediciones de biogás en la zona encontrándose en cuatro de ellas concentraciones superiores al 5%, con alto riesgo de explosión, y recomienda la instalación de 20 chimeneas, para que así la zona este apta para ser convertida en área verde. Sin embargo, los ductos jamás se instalaron.
Casi 15 años después en este mismo espacio, se ubican 5 villas de viviendas sociales ya que a mediados de los 90 fue elegido como un sitio apto para construirlas, villas que vieron la luz gracias a una alianza entre el Serviu y la empresa Copeva. Fueron estas mismas casas las que se inundaron en el invierno de 1997 y que se hicieron famosas por haber sido impermeabilizadas con plásticos. En ese episodio no sólo se vio afectada la villa Los Ferrocarriles, sino también las poblaciones El Volcán 1 y 2, que también circundan La Cañamera.
La historia de estas villas comienza en noviembre del año 1994 con el ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, cuando se reemplazó el plan intercomunal de Santiago, vigente desde 1960, ampliando los niveles de densificación que en Puente Alto, alcanzan el máximo autorizado por ley: 600 habitantes por hectárea. Conjuntamente la empresa Copeva, de Francisco Pérez Yoma, compra en 739 millones los terrenos aledaños a La Cañamera, y se los vende al Serviu, que a su vez, le encarga a la misma empresa construir las 4 villas El Volcán. Pocos días después de aprobar el plan regulador, Copeva le compra al organismo estatal un paño para construir la villa ferroviaria 1 y 2.
Luego de 7 años de construidas y habitadas estas villas, explota a fines del 2003 una cámara de alcantarillado en la Villa San Guillermo, colindante a las Villas ferroviarias. El Serviu, después de este suceso construye las chimeneas y además, entremedio autoriza que se construyan más poblaciones aledañas.
La explosión de la cámara, no es, solo con lo que han tenido que lidiar los vecinos, además de la aparición de diversas y extrañas enfermedades. Una de las más complicadas es el síndrome Guillain Barré que afectó, principalmente, a los jóvenes de la población. Este síndrome provoca un deterioro del sistema nervioso, causando un debilitamiento muscular. Si bien, las causas de esta enfermedad todavía no son conocidas, estudios científicos indican que se podría producir por la acción de algún virus, pero tampoco descartan que se deba a la presencia de algunos químicos. De lo que sí hay certeza es que afecta a una de cada 100.000 personas, mientras que en La Cañamera se dieron siete casos entre cinco mil.
A estos casos se suman los distintos tipos de cáncer que comenzaron a padecer algunos de los pobladores y otras patologías que sí se asocian directamente con la contaminación ambiental.
En 2006, y después de una denuncia en un programa de televisión, diversos organismos llegaron a hacer estudios al lugar. La hipótesis principal era que el vertedero podía estar generando la emanación de gases que podrían estar afectando la salud de las personas. Esto porque ya en 1998, algunos exámenes de sangre y orina de algunos de los pobladores daban cuenta de la presencia de metales pesados en sus organismos. La suposición se sostenía además porque, según el testimonio de algunos vecinos, al escavar en sus patios encontraban inmediatamente rastros de basura.
Pero el estudio oficial, encargado a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, indicó que los niveles de contaminación eran normales, pese a que el ex vertedero estaba ubicado sólo a unos metros de los emplazamientos urbanos, en circunstancia en que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan ubicarse a una distancia mínima de dos kilómetros. Estos resultados paralizaron la investigación y desviaron la atención de los medios y las autoridades.
En contraste, algunos análisis realizados por la toxicóloga Laura Börgel encontraron presencia de diversos gases e incluso monóxido de carbono. los vecinos de la villa Estaciones Ferroviarias deciden también levantar un estudio con fondos propios consiguiendo la asesoría técnica de un grupo de geólogos de la Universidad de Chile, encabezado por Joselyn Tapia Zamora. La investigación plantea realizar un muestreo exploratorio de agua, suelo y frutos con el objeto de determinar concentraciones anómalas de metales traza.
Los resultados de dicho estudio fueron muy diferentes a los realizados anteriormente ya que dos de las tres muestras de agua extraídas sobrepasan en un 90% el máximo admisible de concentración de cobre que establece la norma chilena. Cabe preguntarse, si existe una relación entre este hallazgo y la descomposición de la basura bajo el suelo. De ser así, sería muy probable que algunos fluidos tóxicos se estén filtrando a través de las cañerías. Respecto a las muestras de suelo y frutos, el informe señala que “las concentraciones de plomo se encuentran sobre la media definida para los suelos cultivados del valle del Maipo” y que el cadmio, elemento altamente tóxico, excede el límite admisible por el SAG para suelo agrícola en un 50%.De todas formas, la polémica pasó y los vecinos continuaron sin respuestas.
Lenta y sin respuestas también continuó la demanda civil interpuesta contra el Estado, el Serviu y la empresa Copeva en 2001 por la deficiente construcción de sus casas. En el tintero también quedó un proyecto que pretendía instalar extensas áreas verdes que serían bautizadas como Parque La Cañamera. En reemplazo existen una serie de chimeneas que conectan a la tierra que se colocaron con el objetivo de mitigar la emisión de los gases.
Cada cierto tiempo la polémica por el vertedero La Cañamera vuelve a reflotar. Y pese a que, en un principio, los pobladores aseguraban que no se irían del lugar porque sus casas eran todo lo que tenían, la Asamblea Popular de Puente Alto solicita y lucha actualmente por el traslado de las familias del lugar y la condenación de las deudas que sus casas.
ANA ARENAS PUEBLA.
